Por Eric Nepomuceno - Página 12
1 - Bolsonaro, a un paso de ser investigado
Este martes, a menos que ocurra alguna sorpresa, será instalada una CPI – Comisión Parlamentaria de Investigación- en el Senado. Será instalada no por decisión del presidente de la Cámara alta, sino por decisión explícita – y dura – del Supremo Tribunal Federal.
Todos los esfuerzos del ultraderechista Jair Bolsonaro, que alquiló buena parte de los partidos políticos en el Congreso para impedir que eso ocurra, resultaron vanos.
Se da por seguro que hasta el último minuto Bolsonaro y su pandilla tratarán de aumentar las ofertas para que senadores alquilables integren la comisión, que por ahora tiene mayoría – 7 a 4 – de opositores o independientes. Pero todo indica un fracaso.
La conclusión de la CPI será llevada al pleno del Senado, que no tiene poder de juzgar a los convocados a prestar testimonio. Su función exclusiva, acorde a la Constitución, es precisamente investigar.
Pero ese informe final puede llevar a la Fiscalía Pública a abrir investigaciones y denuncias. Y fácilmente provocar una avalancha de denuncias que fulminen al Genocida y lo catapulten del sillón presidencial.
El objetivo de la CPI, acorde a su instauración, es examinar acciones y omisiones del gobierno nacional en la pandemia que causó alrededor de 400 mil muertos por inercia, incompetencia o lo que sea.
Y en ese examen se da por inevitable establecer la responsabilidad directa del mandatario ultraderechista en el escenario catastrófico vivido por el país: no hay coordinación a nivel nacional para controlar la pandemia, faltan vacunas, falta material de salud, falta estructura, falta todo.
En caso de que ocurra lo que parece muy probable, o sea, que la CPI llegue a la conclusión de que Bolsonaro cometió “crímenes de responsabilidad” previstos en la legislación – y cometió al menos docena y media, con generosos puñados de pruebas –, le tocará al presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Arthur Lira (imputado en varias denuncias criminales, que van de corrupción a agresión a su entonces esposa), decidir si abre un juicio para destituir al Genocida.
Frente a ese cuadro de presión extrema, Bolsonaro y su pandilla tratan por todos los medios de neutralizar el peligro.
Y por “todos los medios” entiéndase ofrecer lo que sea, básicamente puestos y presupuestos, a los integrantes del peor y más abyecto Congreso en las últimas muchas décadas.
Hay, sin embargo, otros datos que agregan más y más presión sobre la pandilla presidencial.
Avanzan investigaciones sobre actos de corrupción de los tres hijos del presidente que actúan en la política y también sobre el más joven, que optó por vender influencia, o sea, ser intermediador de empresarios con ministros que obedecen a su señor papá.
La crisis económica devolvió a la miseria a unos 30 millones de brasileños. El país, que había salido del Mapa del Hambre bajo los mandatos de Lula da Silva, tiene a unos 162 millones de habitantes con deficiencia alimentaria. Y de esos millones todos – casi cuatro Argentinas – unos 30 padecen, más que deficiencia, directamente hambre.
Esa misma crisis afecta inclusive al empresariado que respaldó al Genocida y que ahora retrocede. A excepción del agro y de los integrantes de la santísima entidad conocida como “mercado”, la ruina es una amenaza permanente. La desindustrialización del país es alarmante.
Acosado, Bolsonaro ve su popularidad desplomarse.
Y frente a ese cuadro tétrico, ¿qué hace?
Lo mismo de siempre, pero ahora con cada vez más intensidad. O sea, esparce muestras asombrosas de una alienación absoluta de la realidad, de una grosería primate, de un desequilibrio mental que deja clara la urgencia no de una intervención política o militar, pero psiquiátrica.
Cercado por militares oportunistas, todos creados y nutridos durante la pasada dictadura militar – y, por lo tanto, reaccionarios a lo bestia –, que además son de una incompetencia sin remedio, sigue dando muestras de creer que, bajo presión, el comando activo de las Fuerzas Armadas lo respaldará. No hay señales concretas de que eso ocurra.
Al contrario: es precisamente un general activo, Eduardo Pazuello, quien será masacrado en la CPI por su criminal conducción cuando estuvo al frente del ministerio de Salud.
Y todo lo que el Ejército no quiere es tener su imagen más ensuciada aún por la de un general que no es más que una abyección que deambula por ahí. Casi-casi comparable a su ex jefe.
2 - Aislado, Bolsonaro trata de mostrarse poderoso
Siempre que un cobarde se siente acosado distribuye al aire amenazas que sabe que no podrá cumplir y manotazos que se pierden en el viento.
Siempre que un psicópata se siente amenazado reacciona mostrándose aún más desequilibrado.
Es exactamente esa la actitud del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro: cada vez más aislado, trata de mostrarse poderoso.
Frente a la pandemia que ya afectó a casi 14 millones de habitantes y mató a casi 400 mil, a la falta de coordinación nacional para actuar e impedir que sigan muriendo más de tres mil brasileños a cada día, Bolsonaro perdió parte substancial de la aceptación que tenía en las clases más elevadas.
Hace pocas semanas 500 de los más reconocidos empresarios, agentes financieros y economistas firmaron un manifiesto con duras críticas a él y a su gobierno. Los sectores de la clase media que lo respaldaban, a su vez, también se alejan, en parte por la devastación de vidas, por el colapso que amenaza las redes de salud y por la creciente crisis económica.
Ya las clases más populares padecen, además de los efectos de la economía, de algo que había sido extirpado en tiempos de Lula da Silva: el hambre. Si Lula sacó al país del mapa mundial del hambre, estudios recientes indican que ahora 59,8% de los brasileños – 125 millones 600 mil personas – no tuvieron, desde el inicio de la pandemia, alimentos en cantidad y calidad recomendadas. Y que para 44% de ellas la carne desapareció del cotidiano.
Acosado cada vez más desde el último trimestre del año pasado, Bolsonaro aceptó lo que había jurado no hacer jamás: buscar apoyo, en el Congreso, del grupo de partidos de derecha conocido como “centrão”. Son diputados y senadores que se aliaron, a cambio de puestos y presupuestos, a todos – literalmente todos – los gobiernos desde el regreso de la democracia en 1985, luego de 21 años de dictadura militar.
Ocurre que ese tipo de alianza no es nada fiable. Basta con recordar lo sufrido por la entonces presidente Dilma Rousseff en 2016: fue depuesta en el Congreso con votos de sus hasta entonces aliados, inclusive de quien habín integrado su gobierno.
Son partidos que no se venden: se alquilan. Y que cambian de actitud según las conveniencias ocasionales.
Ahora mismo el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, determinó que se instaure, en el Senado, una comisión destinada a investigar la conducta del gobierno nacional durante la pandemia. Todos los desastres llevados a cabo por el entonces ministro de Salud, general (activo) del Ejército Eduardo Pazuello, serán blanco de la comisión. Si es llevado a fondo, el trabajo de la comisión seguramente será un flechazo al corazón no solo del general, también del mismo presidente.
A Bolsonaro no le queda otra que intentar comprar más respaldo.
El Supremo, a propósito, dejó claro de toda claridad que actuará con rigor extremo para reprimir – con evidente retraso – los reiterados excesos que Bolsonaro intenta llevar a cabo.
Ahora mismo determinó que se investiguen supuestas vinculaciones del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, con minerías e invasores de tierras públicas en la Amazonia, que sufre la peor devastación en décadas. Frío, metódico y de gran eficacia, Salles no hace más que seguir de manera estricta lo determinado por Bolsonaro.
La reciente crisis provocada con las Fuerzas Armadas dejó claro que el presidente no contará con cualquier tipo de respaldo para cumplir sus seguidas amenazas de golpe de Estado. Los más de seis mil uniformados, muchos de ellos activos, esparcidos por todos los rincones del gobierno, de ministerios y secretarías nacionales a autarquías y empresas públicas, no cuentan con la simpatía de los altos mandos de las Fuerzas.
Hasta el vicepresidente, el general reformado Hamilton Mourão, viene cada vez más distribuyendo declaraciones frontalmente críticas a iniciativas – o la constante inercia – tanto del gobierno cuanto a Bolsonaro.
A todas esas señales que indican el creciente aislamiento del ultraderechista mandatario, hay que sumar otro aspecto que significa una clara presión sobre Bolsonaro, principalmente con los ojos puestos en las elecciones del año que viene: la vuelta de Lula da Silva al ruedo.
En cada nuevo sondeo de opinión pública crece más y más el porcentaje de los electores que declaran su voto a favor del expresidente.
La perspectiva cada vez más clara es que el aislamiento de Bolsonaro no dejará de crecer. Y también su agresividad y sus amenazas en las que menos gente cree cada día.
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