Se ha dicho hasta el cansancio que la idea del progreso permanente y difundido, con los capitalistas como abanderados del movimiento, ha quedado desmentida y hasta sepultada por la historia. Sin embargo, en Argentina, desde el ordenamiento institucional hasta el lenguaje cotidiano se encargan de mostrar que nada hemos hecho en el último medio siglo más que anunciar la agonía de un sistema que reiteradamente se reproduce a sí mismo, luego de cada previsible fracaso. Nuestra domesticada resignación conduce a la protesta, pero no a la transformación.
El próximo gobierno, si tiene vocación popular y la quiere ejercer, debe diseñar sus políticas desde un presupuesto nuevo: se debe conseguir que la ciudadanía deje de pensar que su futuro depende de las decisiones de un puñado de dueños del dinero, a los cuales debe seducirse, para luego caminar detrás de ellos juntando los billetes que eventualmente se caigan. Hay varios frentes a encarar. Uno no menor, es el del consumo imprescindible. Un conjunto mínimo lo integran algunos servicios públicos (agua, energía, transporte público) y algunos componentes de la subsistencia (alimentos, vestimenta y calzado, útiles escolares). El capitalismo concentrado y su brazo ideológico, el neoliberalismo, nos han acostumbrado a discutir estos planos de la producción – y cualquier otro – desde la mirada de las empresas. Nos explican que es necesario que quienes producen esos bienes, tengan un retorno económico que les asegure una ganancia y además contar con los fondos para invertir, asegurando así la dinámica de cada rubro. El posible conflicto entre las empresas sanas y prósperas, con sus consumidores que queden inhabilitados para comprar los bienes, se coloca en segundo plano. Es problema de cada uno conseguir los recursos y en todo caso, se prevén chalecos salvavidas para situaciones extremas. Un gobierno popular debe iniciar un camino distinto. En lugar de esconder el problema, admitir su existencia y construir el espacio para administrarlo, pero eso sí: con participación de todos los involucrados. Todos son todos. Son las empresas concesionarias de petróleo y gas, cuyos costos no son públicos. Hasta su nivel de producción lo informan aún por declaración jurada para el pago de las regalías provinciales.
Son las grandes empresas lácteas, que trasladan la leche cruda a distancias insólitas y tienen costos de propaganda y distribución enormes, trasladando esa ineficiencia al precio. O la distribución hortícola o frutícola, que gana dinero sobre la angustia del productor primario. Son las empresas de indumentaria que pagan alegremente alquileres enormes en los paseos de compra y admiten márgenes minoristas que llevan el precio final al triple o más del costo de producción.
Es el Estado, que carga a la energía doméstica un IVA mayor a lo que paga un reloj de oro o subsidia a las empresas de transporte o aprueba sus tarifas sin medir sus costos. Y son los ciudadanos, adecuadamente organizados y representados, que tienen derecho a que se establezca una correlación aceptable entre sus ingresos, sea como activos o pasivos, y sus obligaciones para acceder a su consumo básico.Debe incorporarse como principio elemental que si el Estado fija simultáneamente el precio del gas y el salario del jubilado, éste último le debe permitir a quien lo percibe acceder al gas sin sobresaltos. Y así en cualquier otro caso. Un Ministerio del Consumo Imprescindible debe ser el ámbito de manejo de los conflictos. Que son de la misma naturaleza, aunque con operatorias distintas, para la energía o el transporte público o los alimentos básicos.
Debe haber una Secretaría de Servicios Públicos y otra de Bienes de Subsistencia. Allí se deben tratar, reitero, no la producción de esos bienes, sino las controversias evidentes que hoy existen entre oferta y demanda y como resolverlas, sea por negociaciones o por modificaciones estructurales, que lleven a anular o modificar concesiones; crear ámbitos especiales de comercialización para los pequeños productores; las infinitas variantes imaginables, cuando se coloca en el centro de la escena el interés de la comunidad, con las actuales empresas dentro, en la medida que se adecuen. No se me escapa que la propuesta implica un importante cambio de escenario y requiere la progresiva adaptación de los actores, que es en definitiva lo que sucede en todo cambio cultural.
El cómo y las medidas
Mientras eso sucede, el Estado debería tomar las siguientes medidas de transición y emergencia: . Suspensión del pago de IVA por los consumidores finales de todos los bienes mencionados, por 2 años. . Reducción de las tarifas de energía y agua industriales para que la relación costo/ precio del bien producido ex fábrica no tenga un incremento superior al 200% de ese coeficiente en diciembre de 2015. . Establecimiento de nuevas escalas de tarifas de energía que reduzcan sustancialmente el peso de ese servicio en los consumos menores. . Promoción financiera y tecnológica masiva para facilitar la generación de energía fotovoltaica o eólica a escala domiciliaria, para vivienda colectiva o para industria. . Publicación de estructuras de costos detallados de producción de bienes concesionados, incluyendo el transporte público de pasajeros. . Creación de ámbitos masivos de encuentro entre productores directos de alimentos, indumentaria, calzado y artículos escolares, con consumidores, quedando a cargo del Estado garantizar que ese vínculo no se vea obstaculizado por intermediación innecesaria alguna.
Se podría seguir enumerando acciones del mismo tenor. En efecto, son numerosas y aparecen fluidamente cuando se cambia el foco, eliminando del centro a la rentabilidad del capital y el consiguiente hipotético derrame, una de las fantasías del capitalismo a superar.
La propuesta busca construir un escenario nuevo, para corregir los daños de la concentración económica. Superar los desafíos casi obvios que se derivan de ella, no solo dará otra solidez al horizonte, sino que descartará definitivamente la idea simplista que admite la concentración dañina, pero sostiene que la solución es controlar a los actores concentrados, como si un puñado de funcionarios pudiera ejercer un tutorazgo sobre la actividad económica hegemonizada por actores económicos de un poder que supera las fronteras. Solo la participación ciudadana, ejercida a la luz del día y con amplia difusión de datos, análisis y conclusiones, puede torcer el rumbo de manera favorable.
Adelantándome a posibles críticas que consideraría incorrectas, quiero señalar que todo lo antedicho apunta a una parte del problema global. La construcción de un sistema financiero distinto; asumir la inflación como un problema social, dejando atrás la idea que si los salarios avanzan más rápido que ella el tema está cubierto; un cambio sustancial en el manejo de las divisas y de las inversiones extranjeras; las políticas directas para reducir la pobreza a través del trabajo; son algunos de los planos de realidad que no suelen formar parte de programas del campo popular en las últimas décadas y que a esta altura de la historia moderna, son capítulos de escritura pendiente. Paso a paso. ( * ) Instituto para la Producción Popular.
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