Por Eduardo Andrade Bone
El reciente intento de magnicidio contra Nicolás Maduro y cuya operación con drones fuera neutralizada por integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, forma parte de un plan de larga data y que tiene por objeto poner fin al proceso de cambios que vive Venezuela, conocido como Revolución Bolivariana. Pero también fue un atentado de advertencia a las fuerzas armadas, con el objeto de dividirlas y sumar un sector para promover un golpe de Estado.
La ofensiva de Estados Unidos para poner fin al gobierno de Maduro se remonta al gobierno de Barack Obama, el que dictó la orden ejecutiva (decreto/ 2015) que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Posteriormente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la prórroga por un año de la “Emergencia Nacional” contra Venezuela. Lo que además se ha constituido en sanciones económicas, sanciones a funcionarios de gobierno y las fuerzas armadas. También el gobierno norteamericano ha promovido el bloqueo a productos alimenticios y medicamentos diversos, todo dentro de los planes desestabilizadores de la Casa Blanca.
Los intentos por desestabilizar al gobierno venezolano tienen muchas aristas y también muchos actores que, de forma directa o desde las sombras, conspiran constantemente contra la democracia venezolana. Venezolanos lacayos de los Estados Unidos, complotadores extranjeros, ONG financiadas por EE.UU., organizaciones de profesionales diversos, la plutocracia nacional y el sector más reaccionario y conservador de la Iglesia Católica, suelen ser los principales complotadores en el país caribeño.
Dentro de estos diversos actores y que juegan un papel de primera línea en poner término a la Revolución Bolivariana se encuentra la Organización de Estados Americanos, cuyo Secretario General Luis Almagro es un buen vasallo de los intereses de Estados Unidos para la región y uno de los líderes que encabeza la conspiración, además de coordinar las acciones con la Unión Europea y algunos países miembros de la OTAN (Colombia).
El nuevo mandatario colombiano, Iván Duque, también insistió en que la región debe apoyar al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en sus gestiones para seguir complotando contra el gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Duque se reunió con Almagro el pasado 1 de julio, durante la visita que realizó a EE. UU. tras su elección.
También tenemos al llamado Grupo de Lima, compuesto por gobiernos de derecha y cuya mayor parte de sus presidentes engrosan las filas de los mandatarios ligados a la corrupción (Odebrecht), entre ellos la familia Macri (Argentina), el estafador de Bancos Sebastián Piñera (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia) y Peña Nieto (México) los cuales ya casi terminan sus mandatos. El corrupto y presidente de facto de Brasil, Michel Temer. Además de los países tradicionalmente serviles a las políticas de EE.UU. como Costa Rica, Guatemala Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, también con mandatarios cuestionados por corrupción.
Recientemente y antes de culminar su mandato, Juan Manuel Santos expresó a la prensa que… “veo cerca la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, afirmó el presidente saliente de Colombia, para luego añadir que Maduro caiga, ojalá de forma pacífica”. Sin embargo, insistió Santos, “ojalá mañana” mismo terminara el gobierno de Maduro, quedando al descubierto como uno de los principales complotadores contra Venezuela.
Ahora el sucesor de Juan Manuel Santos (Colombia), el ya presidente de Colombia, el uribista Iván Duque, acordó como presidente electo en su visita a la Casa Blanca con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence (5 de julio 2018), seguir presionando al Gobierno de Venezuela. “Hablamos sobre la situación de Colombia, sobre nuestra agenda de seguridad, hablamos también de la situación que se está viviendo en el continente por la dictadura de Venezuela”, indicó Duque a la prensa.
Por su parte, Pence expresó en un tuit que había hablado con Duque sobre “la alianza estratégica” bilateral “en el combate al narcotráfico”, y que habían “reiterado la necesidad de mantener presión al régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro para afrontar el trágico colapso que se viene de la democracia en Venezuela”.
Duque dejo entrever con Pence una posible vía militar en Venezuela, después de que la Casa Blanca confirmara a la agencia Efe que el presidente estadounidense, Donald Trump, preguntó el año pasado a su equipo sobre una invasión al país caribeño y, aunque nunca llegó a planearla en serio, no se ha descartado esa opción.
Pero eso no fue todo, pues Duque concluyó su viaje a Washington en donde se reunió con otras autoridades estadounidenses como el secretario de Estado Mike Pompeo, la directora de la CIA Gina Haspel, y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Además con el secretario general de la OEA Luis Almagro, y directivos del Banco Mundial. Todo eso ocurrió el 5 julio del presente año.
Para posteriormente señalar que había invitado a Pence a su investidura el 7 de agosto y confió en que “EE.UU. tenga la más alta representación posible”. Ahora en el acto de envestidura de Duque, ha estado considerado una reunión de coordinación con Mike Pence y Luis Almagro, además de algún representante de la oposición al gobierno de Maduro, con el objeto de afinar y coordinar la forma en que se intenta poner fin a Nicolás Maduro y su gobierno, cuyo objetivo final no es otro que apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, en especial de una de las mayores reservas petrolíferas existentes en el mundo, con las que cuenta el país caribeño.
De allí que ya están tiradas todas las cartas sobre la mesa y que no son otras que la asfixia económica, el intento de magnicidio como ha ocurrido durante estos días, la posibilidad de crear condiciones para un golpe de Estado dividiendo a las fuerzas armadas, impulsando acciones terroristas que desconcierten a la población, desatar una guerra civil o producir una intervención militar directa, cuya carne de cañón primero sean los paramilitares y los carteles del narcotráfico de Colombia, para luego continuar con los efectivos militares estadounidenses que se encuentran afincados en las ocho bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia.
También cabe destacar que el imperio cuenta con un aliado importante para sus intentos desestabilizadores, los diversos grupos radicales de izquierda, que no apoyan y no aportan nada al proceso de cambios y que desde ciertos medios a través de la red Internet, se dedican a despotricar contra la Revolución Bolivariana haciéndole el juego a los golpistas, factor que también hay que tener en cuenta a la hora de analizar la política interna de Venezuela.
De allí que el cuento de la crisis humanitaria, la problemática de derechos humanos y el carácter de dictadura, son elementos que explotan los medios de prensa occidentales con el objeto de crear todas las condiciones propicias para facilitar y justificar la desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro y el proceso de cambios que vive Venezuela.
Para la oligarquía venezolana, los grandes empresarios y los intereses geopolíticos de los EE.UU. para la región todo vale, incluso sumir a Venezuela en un baño de sangre, en donde los grandes perdedores serán la clase trabajadora, los sectores sociales que apoyan el proceso de cambios, los miembros de las fuerzas armadas que apoyan la Revolución Bolivariana y la pérdida del control sobre sus recursos naturales. Tan simple como eso.
* Eduardo Andrade Bone es corresponsal de Prensa AIP/MP
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