La Asociación Madres de Plaza de Mayo marchó con la consigna "Ayer contra los milicos, hoy contra los vendepatria, a 43 años del golpe, la lucha continua". Los organismos de derechos humanos leyeron un documento en conjunto: "Con memoria y unidad, luchemos por la patria que soñaron los y las 30.000. Libertad a las presas y presos políticos"; y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se movilizó con la consigna"abajo el ajuste y la represión de Macri y los gobernadores" (Radio Caput).
Documento completo leído en la Plaza de Mayo
A 43 años del Golpe genocida iniciado aquel 24 de marzo de 1976, somos multitudes en esta Plaza y en todas las del país para repudiar al terrorismo de Estado, ese que empezó mucho antes con la siniestra Triple A, por cuyos crímenes también seguimos reclamando Juicio y Castigo.
Son 43 años de aquel día, cuando los genocidas ocuparon la Casa Rosada y, con el terror sistemático como método, buscaron imponer un plan económico, político, social y cultural de hambre y exclusión con la receta escrita por los grupos económicos, el Gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia y la participación de la corporación judicial.
Miles de desapariciones forzadas y asesinatos, 10.000 presas y presos políticos; torturas; robo de bebés; más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; censura y mentira organizada; pobreza programada; una deuda externa que causó hambre por décadas; el exilio al que fueron obligadas miles de personas: el terrorismo de Estado. Como familiares y sobrevivientes, seguimos gritando muy fuerte: ¡SON 30.000!
También estamos aquí porque seguimos luchando y nos manifestamos contra el avasallamiento que el Gobierno de Mauricio Macri genera todos los días: despidos masivos, la miseria planificada, la entrega del país a los buitres, la persecución de los pueblos originarios; la persecución a militantes; las presas y presos políticos; la grave injerencia del Gobierno sobre el Poder Judicial; retrocesos en Memoria, Verdad y Justicia, la violencia institucional, la represión a la protesta social, la censura a la prensa, el negacionismo; y también nos trae acá la defensa de todos los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Es mucho lo logrado en nuestras décadas de democracia a fuerza de luchas del pueblo: ese es el camino, con memoria y unidad.
Queremos hablar especialmente de las y los 30.000, nuestros familiares, compañeros y compañeras. Nos faltan todos los días, como así también la verdad sobre dónde están sus cuerpos para tener el derecho a una despedida y a un lugar para poner una flor o decidir cómo y dónde recordarlos. Por eso, una vez más, reclamamos que los genocidas, los partícipes y los cómplices rompan los pactos de silencio y nos digan DÓNDE ESTÁN. También llamamos a toda la sociedad a aportar información. El tiempo del silencio se terminó y necesitamos la verdad de manera urgente.
Fueron 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por otro país. Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar sólo a algunas de las tantas organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.
También siguen faltando alrededor de 300 hombres y mujeres que están entre nosotros: son trabajadores, padres, madres, compañeros de oficina, de oficio; vecinos, maestros y profesores de nuestros hijos e hijas; empleados, profesionales, están entre nosotros, como sus familias, que los buscamos desde hace más de cuatro décadas. Son nuestros nietos y nietas, quienes viven con su identidad falseada.
En 2018 sólo logramos resolver un caso. Las preocupaciones cotidianas, pero también los discursos que impulsan el olvido y justifican los delitos de lesa humanidad, no generan un clima propicio para quienes aún tiene pendiente indagar sobre su identidad.
Los 128 casos de restitución son la muestra de que la herida solamente sana con la verdad, el acceso a la información sobre qué pasó con quienes habían decidido ser sus padres y madres, cómo es que no fueron criados por sus familias biológicas que los esperaban y cómo la dictadura decidió apropiárselos y negarlos. La búsqueda de los nietos y nietas, hoy más que nunca, es urgente. No queremos despedir a más Abuelas sin que hayan podido encontrar a su nieto o nieta, a quien buscaron por décadas, pero tampoco queremos que la apropiación se siga traspasando de generación en generación. Es deber de todos los ciudadanos y ciudadanas del país saber qué pasó con ellos y ellas. Por eso, como todos los años, les pedimos que rompamos el silencio y nos animemos a comprometernos con nuestra historia. Es la mirada amorosa, solidaria y humana, la que nos permitirá reconstruir los lazos de aquel pasado que es nuestro presente.
Las Madres y Abuelas hemos sufrido el desprecio, la indiferencia y el maltrato, pero la construcción colectiva nos enseñó a cuidarnos y a cuidar. Tejimos lazos y así comenzamos a saber sobre el destino de nuestros hijos e hijas, sobre el paradero de nuestros nietos y nietas, y fue el pueblo el que reclamó verdad y consiguió impulsar los juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura. Por eso es importante que el futuro nunca pierda de vista el pasado. Como la identidad, hacia adelante, en permanente construcción, pero sostenida sobre la verdad acerca de nuestro origen. Es colectivamente cómo debemos garantizar un derecho tan elemental como el de la identidad, por eso volvemos a pedir ayuda para encontrar a esos nietos y nietas que nos falta encontrar, quienes tienen entre 39 y 44 años de edad.
En esta espera que ya lleva 43 años, la apropiación de bebés ha afectado todos los vínculos familiares. Por eso acudimos a la sensibilidad de toda la sociedad para que nos ayude a que las nuevas generaciones, la de los bisnietos de las Abuelas de Plaza de Mayo, tengan la posibilidad de crecer junto a sus familiares biológicos, a jugar con sus primos, a empujar a sus padres a buscarse. A vivir en libertad, desde la verdad.
Hace 15 años, aquel 24 de marzo de 2004, vivimos un día histórico: en la ESMA, el presidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por el silencio y la impunidad. Las luchas del pueblo por Memoria, Verdad y Justicia se volvieron políticas de Estado. Ese mismo día, bajó el cuadro del genocida Videla del Colegio Militar. Fue inolvidable. Porque veníamos de décadas de impunidad, de salir del país en búsqueda de la justicia que fronteras adentro parecía imposible. La continuidad de esas políticas con Cristina Fernández de Kirchner permitieron que con la fuerza del pueblo los genocidas estén en el lugar en el que Rodolfo Walsh dijo que deben estar: el tacho de basura de la historia. Porque a los genocidas los juzga un tribunal, pero los condena principalmente el pueblo.
A pesar de todas las dificultades, los juicios por crímenes de lesa humanidad continúan en todo el país. En diciembre pasado, este pueblo consiguió que la Corte Suprema revirtiera el fallo del 2x1, que reducía drásticamente las condenas de los genocidas, lo que demuestra la consolidación de las políticas de memoria, verdad y justicia como un acervo colectivo. Sin embargo, esa misma Corte Suprema ha desactivado la Comisión Interpoderes, que tenía por función impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad. Casos emblemáticos como la Masacre de Trelew, que demostró que el terrorismo de Estado comenzó mucho antes de 1976, o los casos de Neuquén, continúan durmiendo en la Corte.
En particular, la megacausa Campo de Mayo refleja como pocas la desidia del Poder Judicial. En el año 2013 fueron condenados once represores y apropiadores de niños después de meses de audiencias. Seis años después, las condenas todavía no están firmes. Han pasado 15 años desde que se anularon las leyes de impunidad y el grueso de las causas no tiene sentencia firme como consecuencia de las demoras en la Corte o tiene tramos pendientes de juicio oral.
Reclamamos a todas las instancias judiciales que aceleren estos juicios. Los familiares y sobrevivientes no podemos seguir esperando. Es más, hay Tribunales que han utilizado como atenuante el mero paso del tiempo: pretenden que los crímenes de los represores son menos graves, porque ocurrieron hace muchos años. Para los familiares, el paso del tiempo no alivia el dolor. Lo que repara es la justicia. Y justicia también significa penas adecuadas, que reflejen la gravedad de estos hechos. Además, la mayoría de los procesados con prisión preventiva y condenados por estos delitos se encuentran con prisión domiciliaria sin ningún tipo de control.
En 2018 se consiguió una sentencia histórica: dos ex gerentes de Ford fueron condenados por su responsabilidad empresarial en el secuestro y torturas a trabajadores. Se comprobó lo que denunciamos hace décadas: que la dictadura cívico-militar se impuso para disciplinar a los trabajadores organizados. Y si bien la concreción de otros debates orales para la determinación de responsabilidades penales de empresarios y directivos se siguen demorando, como es el caso de Mercedes Benz, otros procesos judiciales están tomando cierto impulso, como la represión, persecución, secuestro, detención y desaparición de los trabajadores de Acindar.
Pero estos juicios penales sólo analizan la responsabilidad individual de los directivos que continúan vivos. También se debe exponer la responsabilidad de las empresas, que siguen mirando para otro lado. Por eso reclamamos al Congreso la implementación de la Comisión Bicameral de Identificación de complicidades económicas y financieras durante la última dictadura, aprobada en 2015, que continúa paralizada.
Ya son más de 900 los genocidas condenados, pero quedan muchas causas pendientes. Necesitamos que se sostengan las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia para que no haya retrocesos hacia la impunidad. También necesitamos Verdad y Justicia por Jorge Julio López, sobreviviente desaparecido en democracia.
En cuanto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, desde el 10 de diciembre de 2015 a esta parte, fueron blanco de una agresión deliberada del Poder Ejecutivo, especialmente en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj, donde cerró programas y redujo la planta de trabajadores y trabajadoras que las sostenían a través de retiros voluntarios, jubilaciones, despidos arbitrarios, pases y renuncias por presiones. En este marco, la falta de presupuesto para los sitios y espacios de memoria se refleja en problemas de mantenimiento y la organización de actividades, formas silenciosas de vaciamiento, y la falta de conservación y preservación. En definitiva, el máximo responsable del retroceso de las políticas de Estado en los espacios de memoria es Avruj.
Entre los hechos más graves, se destaca la situación de Campo de Mayo, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del Ejército. El año pasado, en esta misma Plaza, denunciamos el proyecto del Gobierno para hacer un Parque Nacional, que vacía de sentido ese espacio, sin consultar a los sobrevivientes y familiares ni resguardar las pruebas judiciales. En noviembre, el Gobierno concretó su iniciativa por medio de un decreto para eludir el Congreso. No aceptamos que el lugar donde nuestros familiares fueron torturados y donde pueden estar enterrados se convierta en un lugar de paseo y esparcimiento.
También denunciamos que hace pocas semanas fue incendiado intencionalmente el establecimiento donde funcionó el centro clandestino de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, de la Fuerza Aérea, en Morón. El lugar no tenía custodia ni medidas de seguridad.
En la Ciudad de Buenos Aires, es notorio el vaciamiento que sufre la ex ESMA, como así también la falta de conservación en el espacio Automotores Orletti. Esta situación se extiende por el país, como en Tucumán con la Escuelita de Famaillá y el ex ESIM en Mar del Plata.
Seguimos acompañando a los ex combatientes de Malvinas en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Después de décadas de lucha, se espera que este año sean indagados los acusados en la causa iniciada por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto bélico, un logro de la perseverancia de los sobrevivientes, como también lo son las identificaciones de todos los que fueron enterrados sin nombre. Ya hay 113 familias que pueden llevar una flor y eso se obtuvo con militancia y políticas de Estado, en sintonía con la recuperación de la causa Malvinas como emblema nacional. ¡Defendemos nuestra soberanía! ¡Las Malvinas son argentinas!
Estamos en esta Plaza para seguir defendiendo la democracia, porque hoy está en peligro. No tener derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la vivienda, entre otros derechos fundamentales, genera pobreza y hambre. La pobreza hoy alcanza cifras alarmantes: lo indican los millares de comedores sociales en escuelas, barrios, municipios e iglesias. Nuestro país, que es potencialmente rico, ha sido empobrecido adrede por este Gobierno. Hoy la Argentina lidera las cifras de crecimiento de la pobreza en América Latina. Por eso convocamos a la unidad para que decir "Nunca Más" a la pobreza y el hambre.
La vulneración del Estado de derecho se ha ido incrementando cada día con este Gobierno y por eso convocamos a seguir defendiendo la democracia. Los tres poderes del Estado están implicados, porque el programa económico del macrismo es la miseria planificada.
En el Congreso de la Nación, el oficialismo y sus aliados le dieron la espalda al pueblo al aprobar la reforma previsional, uno de los mayores daños producidos en el último tiempo, agravado, desde esa misma institución, por un presupuesto de ajuste. Ambas medidas se sancionaron a fuerza de represión a las masivas protestas populares que exigían frenar el avasallamiento de derechos.
El Poder Judicial se ha convertido en una herramienta de la persecución política: cada vez hay más causas armadas contra los opositores al Gobierno, mientras que cada vez son menos las audiencias de los juicios a genocidas. El Poder Ejecutivo ha transformado la defensa de la soberanía en la entrega del país. Cada una de sus políticas antipopulares responde a las órdenes del Fondo Monetario Internacional.
A todo esto se suma el intento de instalar una reforma laboral cuyo modelo ya vivimos en la década del 90, basado en los preceptos de Martínez de Hoz. Su resultado es flexibilización laboral, explotación, desocupación y más desigualdad. Mauricio Macri, volvemos a decirte: ¡basta de ajuste, represión e impunidad!
La situación de despidos masivos se consolidó en el Estado, pero también en el sector privado y, particularmente, las mujeres trabajadoras son la principal variable de ajuste. Desde esta Plaza, aplaudimos a las trabajadoras y trabajadores que siguen logrando la unidad y la organización para enfrentar al ajuste y desidia del Gobierno, saliendo a las calles, a las plazas, a las puertas de las fábricas y las escuelas a decir ¡basta!, a reclamar por lo justo, a defender el derecho a un trabajo digno y a un plato de comida en la casa.
¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode!
¡Unidad de las trabajadoras y al que no le gusta, que se joda, se joda!
Acá estamos, luchando, con este pueblo que siempre sale a las calles cuando tocan sus derechos. Por eso, porque hoy tenemos un Gobierno cuyo único plan es avasallarlos, en esta Plaza, frente a la Casa Rosada, gritamos:
¡CON MEMORIA Y UNIDAD, LUCHEMOS POR LA PATRIA QUE SOÑARON LAS Y LOS 30.000! ¡LIBERTAD A LAS PRESAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS!
Desde el Poder Ejecutivo se promueve el armado de causas judiciales, la persecución y el encarcelamiento arbitrario e ilegal de dirigentes políticos, gremiales y sociales. Mediante el uso indiscriminado de la prisión preventiva, se detiene a opositores y se hostiga y criminaliza a quienes cuestionan las políticas de hambre y saqueo que implementa el Gobierno de Mauricio Macri junto a sus aliados y socios. Cuando un gobierno transforma a la cárcel en un espacio central de la política, la democracia está en peligro.
Hoy vemos cómo se planifica la persecución a quienes se oponen a este Gobierno. Por eso exigimos su inmediata libertad y el desprocesamiento de los luchadores y militantes populares.
Mientras se degrada la situación económica, el Gobierno reprime la protesta y criminaliza a referentes y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Encolumnado detrás de la ministra Patricia Bullrich, el Gobierno hace política a través de la demagogia punitiva, fomentando el miedo en la población y desviando la atención pública de los problemas centrales de la economía. Se presenta a los migrantes, a las comunidades indígenas, a vendedores ambulantes y a manifestantes como si fueran enemigos violentos, como si fueran problemas delictivos a resolver con la Policía. Se profundiza la estigmatización de las mujeres organizadas y también de la juventud de barrios populares, tratándola como delincuente peligrosa, mientras se pretende dar tranquilidad impulsando la baja de la edad de punibilidad. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo aparecen como mensajes centrales del dispositivo represivo y punitivo hasta el punto de acusar a dos argentinos musulmanes que luego de meses fueron liberados sin cargos.
Como parte de esa política de demagogia punitiva, el Gobierno mandó mensajes muy peligrosos de intolerancia e incluso de promoción del uso irracional de la fuerza por parte de las policías, proponiendo naturalizar prácticas policiales incompatibles con la democracia y la defensa de la vida.
La Policía también se multiplica en las calles y en los barrios, que demora y requisa a miles de personas por día porque nos hacen creer que así se previene el delito. Esa policía también detiene a cientos de personas por día, alimentando un sistema de encierro colapsado, criminaliza la pobreza y estalla en las comisarías bonaerenses, como ocurrió en Pergamino y Esteban Echeverría, donde 17 personas murieron por estar encerradas en un lugar inhumano.
La doctrina represiva se ha desplegado con particular gravedad ante las luchas de los pueblos originarios por la recuperación de sus tierras y el conjunto de derechos. Nos solidarizamos con la resistencia de las comunidades frente al proceso de despojo y desalojo violento agudizado por los proyectos inmobiliarios.
Una vez más, reclamamos justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, víctimas del accionar represivo de Prefectura y Gendarmería, cuya máxima responsable es Bullrich, una ministra que lejos de condenar la violencia de las Fuerzas, se abraza y felicita a policías asesinos como Chocobar. Es muy grave el mensaje que da el Poder Ejecutivo al amparar estos hechos, más todavía cuando a nivel nacional se pretende usar las armas taser, picanas portátiles que son una herramienta de tortura y pueden tener efectos letales.
El recrudecimiento de la represión y la violencia institucional es alarmante. Bajo la versión oficial del enfrentamiento, en Tucumán fue asesinado por la Policía local Facundo Ferreira, un pibe de 12 años. En la Ciudad de Buenos Aires, la Policía, cuyo máximo responsable es Horacio Rodríguez Larreta, mantiene la constante persecución a personas migrantes y en situación de calle, como así también a quienes trabajan en la vía pública. En una ciudad con cada vez más derechos para pocos y menos para todos, ha aumentado la represión en manifestaciones, como lo vimos cuando adentro del Congreso se votó un presupuesto de ajuste y hambre para este año.
Fue el año pasado también cuando salimos en todo el país a decir: ¡Fuerzas Armadas represivas nunca más! Y repudiamos la decisión de Macri de reformar el sistema de Defensa Nacional, habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior. No hay “enemigo interno”: hay un pueblo que lucha y resiste.
Queremos recordar aquí que en mayo se cumplirán los 50 años del Cordobazo, ese hecho histórico de unidad del pueblo para ponerle un freno a la dictadura de Onganía. Miramos con orgullo esa lucha que se dio en Córdoba y vemos también cómo esa tradición política y social está hoy en los pañuelos blancos, las pecheras sindicales, los guardapolvos blancos, los pañuelos verdes, los puños en alto, los dedos en ve, la wipala, en las ollas populares, en los centros de estudiantes y en cada batalla contra el ajuste.
También consideramos importante destacar que tras 30 años de lucha se logró llegar a un juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en La Tablada, cuando el 23 de enero de 1989 el Movimiento Todos por la Patria ingresó al cuartel. Los delitos cometidos por el Ejército al cuando se produjo la rendición dejaron un saldo de cuatro desaparecidos, compañeros y compañeras víctimas de ejecuciones sumarias y torturas que incluyeron el abuso sexual. En plena democracia, el Ejército sostenía las mismas prácticas que en dictadura.
En este juicio, los compañeros pudieron denunciar por primera vez estas situaciones y ser escuchados por la Justicia. En este marco, la lucha por la verdad logró que algunos militares quiebren los pactos de silencio. Así, no sólo quedan claras las violaciones a los derechos humanos, sino también el encubrimiento del Poder Judicial en manos del entonces juez instructor de Morón, Gerardo Larrambebere, y su secretario, Alberto Nisman. El próximo 12 de abril se conocerá la sentencia y esperamos que haya condena y se pueda avanzar también sobre la verdad.
Estamos también en esta Plaza del pueblo para repudiar la intromisión norteamericana en Venezuela, los intentos desestabilizadores y las amenazas de intervención militar por parte de las autoridades de Estados Unidos. Exigimos que se respete el principio de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. América Latina es tierra de paz.
Es necesario recuperar una Patria con derechos para el pueblo. En estos más de tres años ya hemos visto qué pasa cuando se gobierna un país con un proyecto de hambre, exclusión y persecución política. Con profunda preocupación, vemos a diario sus consecuencias. Por eso, porque sabemos que el poder está en el pueblo, tenemos que recuperar la Patria por la que lucharon las y los 30.000 y por la que hoy estamos en esta Plaza y en todas las del país, porque al miedo, al hambre y al silencio ya les dijimos que no van a volver a ser parte de la historia.
A 43 años del golpe genocida, en esta Plaza de Mayo, reafirmamos nuestra reivindicación a los 30.000 detenidos-desaparecidos y seguimos luchando por la Patria con la que soñaron. Este año tenemos nuevamente un compromiso con la democracia para elegir representantes para los próximos cuatro años. La memoria y la unidad son las herramientas para recuperar nuestros derechos, porque sabemos que cuando el pueblo construye su historia nada puede detenerlo.
Estamos acá, en unidad y con memoria, con el pueblo que sostiene en alto las banderas de los 30.000. Vemos sus caras en las fotos, remeras, prendedores, sus nombres en calles y escuelas. Los vemos en todas las luchas. Aunque el Gobierno pretende negarlos, están PRESENTES Y SON 30.000.
¡LIBERTAD A LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS!
¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS Y NIETAS!
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y PARTÍCIPES CIVILES!
¡BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN AL PUEBLO!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
El documento fue firmado por:
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Capital
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza
Asociación Buena Memoria
Centro de Estudios Legales y Sociales
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Liga Argentina por los Derechos Humanos
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
No hay comentarios:
Publicar un comentario