El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en imagen del 12 de septiembre de 2017. Foto Afp |
A medida que avanza la investigación sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado en la provincia sureña de Chubut, más se compromete el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, en contradicciones y una serie de operaciones de encubrimiento que se agravó en las últimas horas con la insólita declaración del juez a cargo de la causa, Guido Otranto, a 46 días de la desaparición forzada, sobre la hipótesis de que la víctima podría haberse “ahogado”.
Otranto rechazó la recusación de la familia Maldonado, que advirtió que el magistrado “hizo todo lo que tenía que hacer para no encontrar a Santiago” y cuestionó severamente esta declaración realizada en una entrevista a un medio televisivo y su falta de dignidad al no dar un paso al costado después de todos los “errores” en la investigación.
Que el juez Otranto diga esto a 46 días de lo sucedido a Santiago el 1° de agosto pasado, en el marco de una represión brutal de la Gendarmería contra los mapuches del Pu Lof en Resistencia de Cashamen, en Esquel, que intentan defender sus territorios sagrados, muestra el mal desempeño en sus funciones, señaló la familia
El magistrado avanzó en sostener la nueva línea del gobierno que intenta dirigir toda la responsabilidad a uno o dos gendarmes que se “excedieron” en sus funciones, en una entrevista que dio a La Nación.
Otranto sostuvo que no cree que un exceso explique la desaparición pero afirmó que no encontraba consistente la versión de que fue capturado por la Gendarmería, a pesar de los testimonios de los testigos que desde el primer momento denunciaron que lo capturaron y se lo llevaron.
Todo lo que se conoce compromete al gobierno que además ha lanzado tesis de que este grupo de mapuches han sido entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ) o por kurdos y que “son terroristas”, cuando periodistas han visitado el pequeño y humilde campamento de lonas donde los mapuches intentan resistir a los grandes grupo de poder que ilegalmente se han quedado con enormes extensiones de tierras, sin armas y en condiciones miserables.
Más de un millón de hectáreas tiene Bennetton, de Italia, o el británico Joe Lewis, amigo muy cercano de Macri, que además de tierras se ha quedado con el Lago Escondido, al que no pueden acercarse los habitantes del lugar.
Las mentiras gubernamentales se acumulan. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich negó desde el primer momento que hubiera intervenido Gendarmería y luego reconoció que si estuvieron, para despejar una carretera ocupada por menos de una decena de mapuches.
Después, ante los videos filmados reconocieron que estaban allí, negando la presencia de Santiago lo que resultó falso, que estaba en Chile, que lo habían visto en Entre Ríos.
Lo que intenta Otranto -señala la familia- es terminar con la hipótesis de desaparición forzada y dice que podría haberse ahogado al cruzar el río con los mapuches. Se sabe ya que un gendarme arrojó piedras, que otro disparó hacia el lugar por donde huían para cruzar un río que no es profundo. Los gendarmes llevaban piedras y hachas. Todo se va develando cada día, como la presencia del jefe de gabinete de seguridad nacional en el lugar.
Maniobras de EU
Esto se agrava ahora cuando el Senado, incluyendo a peronistas y algunos que llegaron a ese cargo representando al kirchnerismo, que ahora abandonaron, dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo a fines de agosto pasado para realizar las maniobras Cormorán con tropas de Estados Unidos, en octubre próximo cuando ingresarán aviones de combates y efectivos de la Marina de ese país nada menos que a las ciudades de Trelew, en Chubut, donde desapareció Maldonado, y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, para participar de un ejercicio conjunto con la Armada argentina.
“Las unidades de la armada de Estados Unidos operarán desde las bases aeronavales de la Armada Argentina y el ejercicio consistirá en el intercambio de experiencias y ejercitaciones que se basan en la necesidad de verificar procedimientos de técnicas y tácticas aeronavales de patrulla, control del mar y operaciones antisubmarinas básicas de uso común por todas las fuerzas aeronavales de las armadas del mundo, en especial lo concerniente a exploración”, señala el documento firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el flamante ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el canciller, Jorge Faurie.
Sólo dos senadoras se opusieron, Magdalena Odarda, de Río Negro, e Inés Pilatti Vergara de Chaco ante “el momento que está atravesando el país no permite que avancemos en este ejercicio”, refiriéndose precisamente a los hechos de Esquel.
Esto fue denunciado por el secretario General de Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores Argentinos de Río Negro, Rodolfo Aguilar, quien advirtió que en realidad estas fuerzas advirtió que “estas fuerzas militares extranjeras llegarán para custodiar los intereses de los Lewis y los Benetton”.
Ahora deberá decidir la Cámara de Diputados, con la que se encuentra trabajando el macrismo para evitar una resolución negativa.
Otro tema grave es que con el tema Maldonado se está produciendo una persecución a los medios de comunicación independientes y alternativos, como se vio en la marcha en esta capital el pasado primero de septiembre donde se golpeó y se detuvo a reporteros y fotógrafos.
El pasado 6 de septiembre fue amenazada la radio comunitaria FM Alas, de El Bolsón, cuando informaba que un vehículo amenazaba con atropellar a vecinos que participaban en una marcha por la aparición de Maldonado con un mensaje donde advertían “como ciudadano que paga sus impuestos le digo que están tirando demasiado de la soga, después a llorar a Plaza de Mayo”.
También que existe una “cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza Che Guevara, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora”, denunciaron los trabajadores de prensa. “La Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinos de la comunidad”.
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