Tendrían que declarar nulos todos los juicios contra Milagro Sala y sus compañeros, de acuerdo al
Dictamen del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que declaró arbitraria e ilegal la detención
de Sala y que el gobierno argentino sigue ignorando.
La derecha argentina que encabeza el actual gobierno sigue iniciando causas contra dirigentes populares como Lito Borello, Luis D´Elía y Luís Bordón, por haber protestado ante una comisaría ante el asesinato del dirigente barrial Martín “Oso” Cisneros ocurrido hace 13 años a manos de la policía.
Hay que seguir trabajando para que Milagro y sus compañeros sean liberados, se anulen las causas contra dirigentes populares y no se criminalice la protesta social.
Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos
El Juzgado de Control de Jujuy declaró nulidad del juicio contravencional contra Milagro Sala por la protesta frente a la gobernación jujeña, hecho por el que fue condenada a tres años de proscripción.
El Juzgado de Control en lo Penal número 3 de Jujuy declaró la nulidad del juicio contravencional contra la dirigente social Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, por la protesta en la plaza central de la capital jujeña, que ocurrió entre diciembre y enero de 2016.
Según cédula de notificación, difundida por la defensa de Sala, la decisión es "de conformidad a lo establecido en los Artículos 220 y ss del Código Procesal Penal" y otros "fundamentos expuestos en los considerandos de la presente".
Se declara "la nulidad del procedimiento llevado a cabo por el Juez Contravencional n1, Matías Ustarez Carrillo, como así también del juicio contravencional y de la sentencia dictada en el mismo", según consta en la cédula con fecha 2 de junio, firmada por el secretario del Juzgado n3, Jorge Carrillo.
Con esta resolución queda sin efecto la sanción", aseguraron este miércoles los abogados Ariel Ruarte y Paula Álvarez Carrera, y agregaron que "si bien el departamento contravencional puede apelar, es una noticia importante. Ese juicio fue una vergüenza porque se condenó a una dirigente social por ejercer el legitimo derecho a la protesta".
La defensa de la dirigente solicitó en enero la revisión judicial de la condena en el juicio contravencional por la protesta en la plaza central de Jujuy por considerar que era "ilegal" y un "horror jurídico", debido a que "en la resolución el funcionario no fundamentó la condena y no presentó un solo argumento que permita sostener cómo llegó a sancionarla con la pena económica máxima y mucho menos a proscribirla por mas de tres años".
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