Cinco campesinos acusados por la masacre de Curuguaty cumplen este viernes una semana en huelga de hambre. Néstor Castro, Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro y Arnaldo Quintana, que están presos en la penitenciaría de Tacumbú desde hace un año y ocho meses, exigen su liberación y la recuperación de las tierras de Marina Cue a favor del Estado.
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| Los campesinos presos realizaron la medida ante la falta de garantías del proceso al que fueron sometidos. Foto: Gentileza de Serpaj-Py. |
“Estamos encarcelados sin que la Fiscalía haya presentado una sola prueba seria que demuestre nuestra culpabilidad en el Caso Curuguaty. Y no solo eso. La Fiscalía violó de manera sistemática nuestros derechos, inventó pruebas en un montaje judicial que nos da mucha rabia”, afirman los huelguistas.
“Nosotros tenemos todas las pruebas que demuestran nuestra inocencia. La fiscalía no tiene nada en nuestra contra y sin embargo seguimos presos por el solo hecho de luchar por un pedazo de tierra haciendo uso de nuestro derecho, sobre todo porque esas tierras son públicas, son para el campesinado pobre, para la reforma agraria que tanto necesitamos como pueblo”, aseguran.
A criterio de los campesinos, “la Fiscalía violó de manera sistemática nuestros derechos, inventó pruebas, instaló cajas que no fueron incluidas -como establece la Ley- en su propia denuncia, en un montaje judicial que nos da mucha rabia y también le enoja y hasta le da risa a muchísima gente en varios países. Nadie puede creer la manera en que nos están juzgando”, sostienen.
Fabricio Arnella, de la Articulación Curuguaty, señaló que en la causa contra los campesinos “se han producido unas 30 violaciones del proceso, más que suficientes para anularlo en un Estado de derecho serio”.
La masacre de Curuguaty del 15 de junio de 2012 dejó como saldo 17 personas muertas, más el asesinato del campesino Vidal Vega, testigo clave del caso, el 1 de diciembre de ese año. Fue además la principal acusación del juicio político llevado adelante por el Parlamento contra el entonces presidente Fernando Lugo, lo cual fue denunciado como un golpe de Estado parlamentario.
El 5 de febrero pasado, el fiscal de Salto del Guairá, José Zarza, emitió una orden de captura contra Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta, familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty, por haber ingresado a cultivar en una parcela cercana al lugar de la masacre.
“Es por esta rabia, porque no merecemos el encarcelamiento, por la seguridad de que las tierras son públicas, porque nos consideramos luchadores y seguimos en lucha es que estamos haciendo la huelga de hambre”, manifiestan los campesinos
Los presos están a la espera del juicio oral, pero aún no se ha fijado fecha ni se ha designado un tribunal para el efecto. La ley contempla un máximo de dos años de prisión preventiva, con lo que en teoría los presos deberían estar en libertad en junio si para entonces no se ha puesto en marcha el juicio.
Para el fiscal Jalil Rachid, sin embargo, el Ministerio Público cuenta con 120 declaraciones testificales de civiles y policías que se encontraban en Marina Cue el día de la matanza y la causa cuenta con los elementos necesarios para ser elevada a juicio oral, que se realizaría en el juzgado de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.
Además de los cinco huelguistas, otras siete personas están procesadas por la matanza de Curuguaty, que hasta la fecha sigue sin haberse esclarecido.
Seis de ellas están en prisión domiciliaria tras protagonizar una huelga de hambre de casi 60 días en 2012, mientras que a la séptima persona, que era adolescente cuando fue encarcelada, también le fue impuesta la reclusión domiciliaria por ser madre de un lactante.
Fuente: E´a.com.py
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